Desafortunadamente ya son 13 los policías y cinco los militares que en los últimos días han sido asesinados en Colombia por grupos armados, siguiendo el patrón de sicariato conocido como ‘plan pistola’. Luego hay que lamentar también que otros siete soldados hayan muerto en un ataque, al parecer, de las disidencias de alias Calarcá, que gozan por estos días de la prolongación del cese del fuego ordenado por el Ejecutivo.
El caso es que el Eln en Norte de Santander y Arauca; el ‘clan del Golfo’ en Antioquia, Córdoba y Bolívar, fundamentalmente, y las disidencias de las Farc –las que están al mando de ‘Iván Mordisco’ y actúan sobre todo en el suroccidente del país– han sido señalados como responsables de los homicidios mencionados.
Es muy preocupante que cerca de cumplirse tres años de este gobierno –y como coinciden analistas desde diversas orillas– aún no se haya podido consolidar una política de seguridad que garantice la protección tanto de la gente como de los uniformados mientras se adelantan los diálogos de la ‘paz total’.
Hay que decirlo con claridad: el que se haya dado este nuevo y aterrador ‘plan pistola’, además de la dificultad del Gobierno para reaccionar –no obstante el giro reciente, consecuencia de la llegada del general retirado Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa–, tiene que ver con los pasos erráticos, improvisados, sin norte claro del gobierno de Gustavo Petro en materia de orden público. No es acertada una política de paz con cese del fuego sin verificación y en la que solo la Fuerza Pública parece comprometida a respetar lo acordado.
Y en este grave escenario es muy preocupante la ausencia de una más decidida actitud presidencial. En horas así, el país espera y necesita de reacciones concretas y firmes del mandatario frente a esta oleada de asesinatos. De quien ostenta este cargo se esperan pronunciamientos que envíen el mensaje de que el Estado y las instituciones están del lado de las víctimas y garantizando que se está tomando nota de lo ocurrido para reaccionar con contundencia y ponerles fin a las acciones violentas y hacer justicia.
Así, pues, causa desazón constatar que no solo no ha habido mayores avances en materia de seguridad, sino que, al contrario, lo que salta la vista son retrocesos. Esto se expresa en la tantas veces denunciada disminución de la gobernabilidad del Estado en zonas críticas donde hoy, tristemente, son los ilegales, despiadados y brutales, los encargados de garantizar el orden e impartir su propia justicia en medio de incontables arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos.
También es inaceptable que revivan estrategias como el referido ‘plan pistola’, que alude a épocas nefastas de nuestra historia que se pensaban superadas. Tanto los carteles de la droga como la guerrilla de las Farc en distintos momentos acudieron a esta macabra estrategia de sorprender sobre todo a policías en días de descanso o mientras cumplían con su deber de cuidar a la comunidad, para asesinarlos a mansalva tal y cómo está ocurriendo de nuevo en la regiones citadas. Es hora de enviar un mensaje claro que se respalde en acciones concretas para proteger la vida de quienes están siempre dispuestos a dar la suya por la gente.
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