Un delito en la Presidencia

El país debe comprender la gravedad de lo que acaba de salir a la luz. No se trata de una simple anécdota diplomática ni de un error administrativo sin consecuencias. Se trata, lisa y llanamente, de un hecho penalmente relevante que afecta directamente al Presidente de la República.

El Decreto 1009 del 24 de junio de 2023, firmado por el presidente Gustavo Petro, prorrogó su permanencia en el exterior después de su participación en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero en París. Según el texto oficial, el aplazamiento obedeció a “razones técnicas aeroportuarias” y a “cambios de agenda”.

Hoy sabemos que eso no fue cierto. Así lo ha denunciado su excanciller, Álvaro Leyva Durán, en una carta pública en la que señala con claridad que no existió ninguna razón técnica ni diplomática que justificara ese aplazamiento.

Peor aún: en sus propios trinos de respuesta, el presidente Petro ha admitido que el retraso se debió a visitas personales a su hija y sus nietas, actividades que no guardan relación alguna con una misión oficial y que no podían, bajo ningún concepto, ampararse en las razones que da el decreto presidencial.

Lo que aquí se configura es una falsedad ideológica en documento público, conducta descrita en el artículo 286 del Código Penal Colombiano.

La falsedad ideológica ocurre cuando un servidor público, al elaborar un documento que debe reflejar la verdad, inserta en él declaraciones falsas. No se trata, insisto, de una falta menor. Se trata de que el máximo funcionario del Estado firmó de su puño y letra un decreto que consignaba razones falsas para justificar su desaparición por dos días en París.

El reconocimiento en los trinos de la semana pasada sobre los motivos deja en evidencia que sabía perfectamente que la motivación expresada en el decreto era falsa.

Esos trinos dan cuenta de unos hechos que evidencian que las motivaciones que aparecen en el decreto firmado por él no tienen nada que ver con los hechos reales.

No hay justificación posible. La visita privada a familiares puede ser humanamente comprensible, pero no puede, bajo ninguna circunstancia, vestirse con ropajes oficiales para burlar la solemnidad de un decreto presidencial. Esto para no hablar de que posiblemente Gustavo Petro esté mintiendo en sus trinos si es del caso que sea Álvaro Leyva quien tenga la razón en que su desaparición en París se debió a actividades vinculadas con la drogadicción.

Con la evidencia de este decreto resultan superfluos los argumentos de quienes quieren proteger a Petro a toda costa aduciendo que la drogadicción es un tema de la vida privada. Es tan clara la falsedad contenida en el decreto y, por lo tanto, la posible comisión de un delito que las discusiones sobre la drogadicción o no del Presidente quedarían subordinadas a la relevancia penal del tema.

No se requiere ningún esfuerzo probatorio adicional: los elementos están a la vista de todo el país. Por eso resulta escandaloso que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes siga sin actuar. Ya no puede seguir diciendo que no son claros los procedimientos para investigar la indignidad ni que es necesaria la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la violación de los topes como disculpa para no abrirle investigación alguna al Presidente.

Ya no puede alegar que requiere “recopilar pruebas”. La prueba es pública, oficial y confesada.

Cada día de inacción de la Comisión es una nueva burla a su deber constitucional. Los miembros de la Comisión de Acusación no están allí para garantizarle la impunidad al Presidente ni para protegerlo de las consecuencias de sus actos, sino para investigarlo cuando haya violado la Constitución y la ley.

No estamos ante un capricho político ni ante una persecución personal. Estamos ante una evidencia jurídica de una falta gravísima. La majestad del Estado no puede seguir siendo vulnerada por quien tiene el deber supremo de protegerla.

Ante la inacción de la Comisión de Acusación, crece y crece el clamor ciudadano para que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia actúe sobre esos congresistas que podrían estar prevaricando. Colombia necesita, más que nunca, que sus instituciones se comporten a la altura del desafío que enfrentan.

VIVIANE MORALES HOYOS

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