Tengo formado mi propio concepto jur??dico, pero en esta columna no entro a pronunciarme sobre el sentido, las razones y consideraciones judiciales expuestas por una juez de la Rep??blica para adoptar la decisi??n de primera instancia en el proceso adelantado contra el expresidente ??lvaro Uribe. Esa es cuesti??n que corresponde a los apelantes, a su contraparte y a los jueces de segundo grado. Muchas voces y plumas, videos y mensajes en redes sociales continuar??n pronunci??ndose acerca del caso, la controversia legal y sus repercusiones pol??ticas.
Tampoco voy a tomar partido a favor o en contra del exmandatario, ni dedicar?? estas l??neas a sugerir ???porque ser??a irrespetuoso??? a los se??ores magistrados del Tribunal Superior de Bogot?? c??mo deben resolver. Son ellos quienes, en ejercicio de su competencia, habr??n de adelantar el estudio respectivo. Con independencia de cu??l sea su determinaci??n, consignada en la sentencia, deber?? ser acatada.
Lo que s?? me parece trascendental ???como sencillo aporte para la recuperaci??n de la sind??resis??? es reclamar de manera contundente, a nacionales y extranjeros, el respeto a la independencia de nuestra administraci??n de justicia y a la soberan??a del Estado colombiano.
Una cosa es discrepar ???total o parcialmente??? del sentido, alcance y consideraciones de un fallo judicial, y otra muy distinta, maltratar, amenazar, perfilar y atacar a los jueces llamados a proferirlo, como ha acontecido con la se??ora juez Sandra Heredia, antes y despu??s de la sentencia. Lo que se ha visto, a prop??sito del fallo proferido, es sencillamente deplorable y tiene que ser rechazado. No debe hacer carrera el enfoque politizado de los procesos y fallos judiciales.
Tampoco debe convertirse en costumbre el ataque medi??tico contra los jueces, menos todav??a en su entorno personal y familiar, como est?? pasando en este caso, ni la pretensi??n de vincular una decisi??n judicial con intereses de car??cter ideol??gico o partidista.
El Gobierno, a nombre de todos los colombianos, debe exigir el respeto internacional a nuestras instituciones y a nuestros tribunales.
En lo que hace al proceso en referencia, resulta ostensible que la maledicente e injusta cr??tica, fuera de vulnerar los derechos a la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre de la jurista afectada, ha rebajado el nivel del debate p??blico y ha conducido al desconocimiento del debido respeto que merecen quienes administran justicia. Sin base ni fundamento alguno, se siembra la desconfianza de la ciudadan??a en la imparcialidad de los jueces. En este caso, se constri??e y presiona a los magistrados que habr??n de fallar en segunda instancia.
Dado el importante papel pol??tico del procesado y sus contradictores, no era de extra??ar la repercusi??n del fallo en ese terreno, con independencia de si absolv??a o condenaba, pero nunca pensamos que se llegara al nivel de maltrato y agresi??n medi??tica al que se ha llegado, en especial contra una juez que ???es v??lido afirmarlo, ya que el juicio fue p??blico??? condujo el tr??mite procesal con transparencia, objetividad e imparcialidad, dentro del debido respeto a los derechos del acusado y de quienes fueron reconocidos como v??ctimas.
Ahora bien, las agresiones no han sido solamente contra la juez Heredia, ni han tenido lugar solamente en Colombia. Congresistas extranjeros han llegado al extremo de manifestar p??blicamente que ???el sistema de justicia colombiano est?? corrompido???, pidiendo ???sanciones??? contra el pa??s. Eso no lo puede aceptar el Estado. Por dignidad y en ejercicio de la soberan??a, el Gobierno, a nombre de todos los colombianos, debe exigir el respeto internacional a nuestras instituciones y a nuestros tribunales.
Con plena convicci??n democr??tica, expresamos ???como ya lo han hecho otros comentaristas??? que es inaceptable toda amenaza de intervenci??n extranjera en nuestra administraci??n de justicia ???independiente, libre y aut??noma???. Colombia es una rep??blica democr??tica cuya separaci??n y equilibrio de poderes est??n contemplados en un ordenamiento jur??dico establecido por el pueblo ???titular de la soberan??a??? y consignado en la Constituci??n. No somos colonia.