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Instituciones en el centro de la calidad educativa

La calidad educativa no se decreta; se construye. Y se construye sobre instituciones que sepan y puedan cumplir su papel.

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En Colombia, la calidad educativa suele discutirse en abstracto, como si no dependiera de las instituciones y personas que la hacen realidad en los territorios. La pr??xima discusi??n en el Congreso sobre la Ley de Competencias, ligada a la reforma del Sistema General de Participaciones, es una oportunidad para aterrizar esa conversaci??n y reconocer que sin instituciones s??lidas ???secretar??as de Educaci??n e instituciones educativas??? cualquier aspiraci??n de calidad seguir?? siendo solo un buen deseo.
Un vac??o persistente en el debate educativo ha sido desconocer la transformaci??n demogr??fica que ya est?? ocurriendo. Seg??n el Dane, en los ??ltimos 25 a??os, la poblaci??n de 0 a 4 a??os se redujo casi un 20 % y la de 5 a 14 a??os cay?? en 9 %. Aunque la educaci??n media y superior hab??a crecido en demanda, para 2038 se proyecta una reducci??n cercana al 25 %. Mientras tanto, la poblaci??n mayor de 70 a??os se duplic?? y seguir?? creciendo m??s del 50 %. Ignorar estos cambios es planear a ciegas: las prioridades de las instituciones educativas y de las secretar??as de Educaci??n no pueden ser las mismas en territorios que envejecen o pierden poblaci??n joven.
Desde la Fundaci??n Empresarios por la Educaci??n (ExE) hemos trabajado para aportar insumos t??cnicos a esta discusi??n. Hemos analizado datos demogr??ficos y educativos y, sobre todo, escuchado a quienes est??n en el terreno: docentes, directivos y secretar??as de Educaci??n. Nuestro an??lisis m??s reciente de las Pruebas Saber 11 de 2024 mostr?? un puntaje promedio nacional de 256, 1 sobre 500, apenas por encima de la media te??rica. Las brechas siguen siendo profundas: 77,6 puntos entre estudiantes de estratos altos y bajos, 29,4 entre colegios privados y p??blicos, 25,2 entre zonas urbanas y rurales, y 9,4 entre hombres y mujeres. M??s preocupante es la ca??da en la confianza que los j??venes depositan en la educaci??n: mientras en la Encuesta Hogares en Educaci??n ExE 2023 el 95 % consideraba que estudiar era importante, en la Encuesta J??venes en Educaci??n ExE 2024 este porcentaje baj?? al 79 %.
Frente a ese escenario, la Ley de Competencias requiere dejar claro algo que en Colombia sigue siendo difuso: qui??n hace qu?? en el sistema educativo. Hoy, el Mineducaci??n mantiene responsabilidades de dise??o normativo y definici??n de pol??ticas, mientras las secretar??as de Educaci??n asumen la gesti??n directa: organizan la planta docente, planean infraestructura, administran transporte y alimentaci??n escolar, y lidian con la diversidad social y cultural de sus territorios. Las instituciones educativas, por su parte, no son solo centros de ense??anza: deben ser actores con voz y recursos para decidir sobre sus proyectos y necesidades pedag??gicas, la formaci??n docente y el mantenimiento de sus sedes.
La discusi??n no puede quedarse en lo financiero. Debe ser sobre la arquitectura institucional que necesitamos para garantizar educaci??n de calidad y equidad en el pa??s.
Si la ley no se ocupa de delimitar esas funciones y fortalecer capacidades t??cnicas e institucionales en los territorios, el riesgo es perpetuar un sistema desigual, con secretar??as robustas en unos lugares y estructuras m??nimas en otros. Esto es especialmente cr??tico si se adopta el esquema de cinco cuentas para distribuir los recursos educativos: recursos humanos, funcionamiento de establecimientos, infraestructura y dotaci??n, transporte y alimentaci??n, y calidad educativa. Pensar que este esquema funcionar?? igual en territorios tan diversos ser??a ingenuo.
Necesitamos tambi??n incentivos claros. Hoy, si una entidad territorial logra ahorros en su n??mina docente, la Naci??n recorta esos recursos en el futuro, desincentivando la eficiencia. Hemos insistido en que una ley moderna deber??a premiar esas eficiencias y permitir redirigir recursos hacia la mejora de la calidad. Lo mismo ocurre con la posibilidad de transferir m??s recursos directamente a las instituciones educativas, indispensable para atender realidades espec??ficas y fortalecer su autonom??a.
La discusi??n de la Ley de Competencias no puede quedarse en lo financiero. Debe ser sobre la arquitectura institucional que necesitamos para garantizar educaci??n de calidad y equidad en un pa??s con menos ni??os, m??s poblaci??n adulta y territorios profundamente desiguales. Como decimos en ExE: ???La calidad educativa no se decreta; se construye. Y se construye sobre instituciones que sepan y puedan cumplir su papel???.
Colombia no puede permitirse volver a postergar esta conversaci??n.
* Directora ejecutiva de la Fundaci??n Empresarios por la Educaci??n

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